Jorge Campanillas es abogado, fundador del despacho de abogados "Iurismatica Abogados" y CEO de la empresa "Domain Protect".

Jorge Campanillas es socio fundador de Derecho en Red, asociación para la divulgación del derecho de las nuevas tecnologías y vicepresidente cuarto de ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC). Asesora desde el año 2003 tanto al sector público como al privado en materias como protección de datos de carácter personal, comercio electrónico, propiedad intelectual, administración electrónica, etc. Desde hace más de 6 años publica en el blog de Iurismática sobre las materias en las que se ha especializado pero con especial interés sobre los nombres de dominio y su regulación así como lo referente a las políticas de gobierno abierto (open government): transparencia, reutilización de la información pública (opendata) y participación. Es colaborador habitual en medios de comunicación para la divulgación del derecho de las nuevas tecnologías. Esto es lo que ha respondido a las preguntas de la OSI.

Jorge Campanilla

Es usted especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías y uno de los ámbitos que trabajan es la protección de datos. ¿cuáles son los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta el ciudadano medio respecto a este tema?

Particularmente creo que el aspecto fundamental es que los ciudadanos deben aplicar el sentido común y no dejarse llevar por lo primero que leen o por darse de alta en un servicio sin meditarlo. Preguntarse ¿por qué un servicio es gratuito? ¿qué estoy dándoles para que me lo ofrezcan gratuitamente? Esta pregunta y su consiguiente respuesta nos dirigirá claramente sobre lo que el prestador del servicio está buscando, quizá en algún caso sea llegar a un mercado mayor, pero seguramente está buscando información nuestra, nuestros datos. Como ciudadanos esto debemos saberlo y aplicarle el sentido común. Quizá me interese ese servicio, pero ojo, veamos qué datos nos interesa comunicarle, cuáles no, que información no queremos compartirla con nadie, etc. Aplicar ese sentido común adquirido en el mundo offline y llevarlo al mundo online.

Con el aumento del uso de los móviles y su acceso a Internet, ¿han surgido nuevos riesgos legales en relación con nuestra información? ¿es nuestra posición (geolocalización) un dato personal?

Quizá un simple dato que establezca una localización no, pero hoy en día los datos no están aislados, seguramente ese dato incluirá nuestro teléfono, IMEI, etc. y entonces sí que se consideraría dato de carácter personal. Por ello, además de exigir a las empresas que cumplan escrupulosamente la normativa de protección de datos de carácter personal con estos datos tan "sensibles" (si bien no de nivel alto de protección como establece la LOPD, sensibles en el momento en que se puede saber donde está una persona en un momento concreto), exigir a las autoridades su control, el ciudadano debe conocer las herramientas, sus implicaciones y volver a realizarse esas preguntas que hemos comentado anteriormente. ¿Es necesario que todo el mundo sepa dónde estoy? ¿Me interesa comunicarlo? (quizá sí si me interesa por trabajo, etc). Volvemos al tema del sentido común. Quizá en este caso, hay que tener mayor cuidado con los menores. Ellos han nacido ya en el mundo de la geolocalización, sienten todo su potencial, pero nos toca advertirles de los riesgos que ello conlleva.

Hablando de redes sociales, ¿qué aspectos legales y de configuración de la privacidad debemos tener en cuenta a la hora de abrir y gestionar un perfil?

Primero preguntarnos en qué red social queremos estar (personal o profesional) y por qué queremos estar (personalmente o profesionalmente). Incluso en una red podemos estar para fines profesionales y en otra para fines personales. Esa decisión, creo personalmente, producirá que nuestra elección de la configuración de los perfiles cambien. En un entorno profesional nos interesará estar lo más abiertos posible y relacionándonos con los demás de una forma acorde con nuestros intereses, mientras que en un entorno más personal, con cierta relajación y acomodo en nuestras conversaciones, la configuración, entiendo que tenderá a ser lo más cerrada posible y abierta sólo a nuestro verdadero círculo. Bien es cierto que luego pueden existir diferentes grados de configuración que podemos ir modulando según nuestros intereses.

Se ha dado el caso de que tras publicar una fotografía en una red social esta imagen ha sido tratada y utilizada para reclamos publicitarios o incluso en casos de acoso. ¿Puede cualquier persona utilizar la imagen publicada por otra persona? ¿Qué son las licencias de contenidos?

Dependerá, primero de las propias condiciones de uso de la plataforma en la que nos encontramos (debemos leernos las condiciones de uso de las redes sociales y conocer sus entresijos) y posteriormente la licencia que nosotros podamos aportar a los contenidos que subamos, por ello recomiendo conocer el sistema de licencias como creative commons, que nos permite elegir de una forma sencilla la licencia que aplicar a nuestros contenidos.

En los últimos años se está hablando cada vez más de "la nube" como ejemplo para la disponibilidad de la información. Muchos utilizamos la nube sin saberlo al acceder al correo de Gmail o a la compartición de documentos a través de Dropbox. ¿Está protegida nuestra información en esta nueva "estructura"? ¿Qué puede suponer tener esta información en la nube?

Nuestra información estará protegida o no según el proveedor que elijamos, por ello, tenemos que ser más cuidadosos si cabe a la hora de elegir nuestro proveedor de servicios puesto que de su fiabilidad y seguridad dependen nuestros datos. La nube nos permite acceder a la información desde cualquier lugar, trabajar colaborativamente, ahorrar costes, pero debemos ser conscientes de la pérdida (mayor o menor) de control de nuestra información, datos y contenidos. Esta elección o decisión de proveedor y ese conocimiento de la posible pérdida de control debe mantenernos alerta para evitar en el futuro disgustos y problemas no deseados. Además, como usuarios, antes de contratar cualquier servicio, debemos fijarnos en sus condiciones de contratación, ver qué dicen sobre la propiedad intelectual de los contenidos que "subimos" a la "nube", qué medidas de seguridad van a aplicar, qué garantías nos dan, cómo tratarán los datos de carácter personal, etc. Esas condiciones de contratación son más importantes de lo que nos parece a primera vista y debe hacernos elegir o descartar proveedores. Una cosa es la facilidad de acceso, incluso la gratuidad dl servicio y otra cómo tratarán esa información, de quién será, etc. Es muy importante tenerlo en cuenta.

En relación con la pregunta anterior, a raíz del caso Megaupload, portal en el que mucha gente tenía documentación propia, ¿qué va pasar con esa información? ¿podrán recuperarla sus legítimos propietarios?

El caso Megaupload puso sobre la mesa el verdadero problema de este tipo de prestación de servicios: si cae, ¿podré recuperar mis datos? ¿qué garantías me da el proveedor? En este caso la respuesta es más compleja por tratarse de un procedimiento penal en el que intervienen muchos países, jurisdicciones y autoridades, pero que nos debe hacer pensar en manos de quien dejamos nuestra información.

¿Qué es el derecho al olvido? ¿Podemos los usuarios solicitar a buscadores o redes sociales la supresión de datos personales en soporte digital?

Personalmente no me gusta que hablemos de derecho al olvido, no lo considero un derecho. Entiendo los problemas que generan los buscadores y redes sociales en la facilidad de acceso a la información de datos de carácter personal, pero me hago eco y estoy de acuerdo de lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos al respecto. El denominado "derecho de olvido" concretado en los instrumentos de cancelación y oposición habilitados por la LOPD no puede convertirse en un instrumento indiscriminado de reescritura de hechos pasados. Es decir, no podemos establecer de base un derecho al olvido sino que hay que ejercitar los derechos de cancelación y oposición que establece la normativa y ponerlos en la balanza con otros derechos para establecer cuál prevalece en cada caso.