Joaquín Muñoz ha dirigido el procedimiento judicial contra el buscador por el derecho al olvido.

Muñoz es socio cofundador del bufete Abanlex ( www.abanlex.com) y abogado en ejercicio especializado en Derecho de Internet y Protección de Datos. Es el abogado que ha dirigido desde el inicio el procedimiento de derecho al olvido contra Google que actualmente se encuentra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pendiente de resolución de la cuestión prejudicial planteada.

Es profesor de Derecho en diferentes másteres y cursos de postgrado. Asimismo, imparte formación en diversas materias para compañías e instituciones del sector TIC. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho de las Telecomunicaciones por el IEB y Máster en Derecho Deportivo por el INEFC. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, es colaborador habitual en diversos medios de comunicación y mantiene el blog joaquinmunoz.com. Se le puede seguir en Twitter a través del perfil @joaquinmunoz.

Últimamente se habla mucho de las condiciones de uso de los servicios que se prestan a través de Internet, especialmente de las redes sociales, ¿qué debe tener en cuenta un usuario al abrirse un perfil de estas características?

Es importante que los usuarios tomen conciencia de que al aceptar las condiciones de uso de una página web o red social estamos adquiriendo un compromiso con el titular del mismo que tiene exactamente la misma validez que un contrato firmado en presencia de las partes. Esto normalmente implica que aceptamos una serie de condiciones y responsabilidades a cambio de la utilización de las herramientas tecnológicas que se ponen a nuestra disposición.

Lo primero que debemos observar como usuario es la tipología de web o red social en la que vamos a crear un perfil, atendiendo al tipo de contenidos que podemos compartir o acceder durante el uso de la misma (información personal, imágenes, vídeos, etc.). Al crear un perfil debemos realizar una reflexión previa acerca de qué queremos compartir y en qué condiciones y revisar si esto se ajusta a los términos de uso propuestos. El siguiente paso sería configurar las opciones de privacidad de nuestro perfil conforme al nuestras preferencias. Por último, debemos conocer bien cómo funciona la red social en la que publiquemos para que cada vez que lo hagamos tengamos el control sobre la información o contenidos subidos.

¿Y qué se les puede decir a aquellos que publican con tanta fe en el muro de su perfil ese mensaje (bulo) en el que le indican a Facebook que no permiten ni autorizan la divulgación de su información, de sus fotografías, etc.?

Cada cierto tiempo suele correr por las redes sociales un rumor o bulo (en inglés, hoax) similar que inunda los muros con este tipo de mensajes pero que, jurídicamente, no tiene ninguna validez.

Estos bulos suelen tener como finalidad confundir a la opinión pública acerca de un hecho (en ese caso concreto se quiso hacer creer que la salida a bolsa de Facebook iba a afectar a las condiciones de privacidad de sus usuarios), pero en algunos casos pueden ir más allá, como cuando se insta a compartir o dar "me gusta" en imágenes a cambio de supuestas campañas solidarias, regalos o simplemente suerte, por citar algunos. La finalidad de estos últimos no es otra que la captación de direcciones de perfil con una finalidad comercial o, en ocasiones, de difusión de algún tipo de malware o suplantación de identidad.

Todos conocemos qué es la propiedad intelectual de una canción o de un cuadro, pero ¿qué pasa con las fotos de las vacaciones que publicamos en nuestro perfil de una red social? ¿quién las puede utilizar y para qué?

Volvemos a lo que hemos comentado antes. Debemos revisar las condiciones de la red social en la que estamos publicando la imagen y, si nos lo permite, elegir la forma de compartirlo. Por ejemplo, las redes sociales específicas para contenidos fotográficos como Flickr o Picasa, suelen permitir que el usuario seleccione la forma de compartir cada contenido creando carpetas privadas o utilizando licencias Creative Commons.

En el caso de redes sociales del tipo Facebook o Tuenti, debemos revisar las políticas de contenidos de las mismas ya que al publicar esas imágenes estamos concediendo, al menos, una licencia de reproducción y comunicación pública del contenido en favor del titular del sitio web. Esto significa que mientras mantengamos activo nuestro perfil, las personas que autoricemos conforme a nuestras condiciones de privacidad podrán ver las imágenes e interactuar con ellas según las funcionalidades que permita la red social (etiquetado, compartir, comentar, "me gusta", denunciar, etc.).

Igualmente, es importante recordar que cuando publiquemos imágenes en las que aparezca más de una persona, debemos contar con el consentimiento de todas ellas para subirla a la red social.

En principio, estas redes sociales no permiten la descarga de esos contenidos y menos el uso de los mismos por los usuarios fuera de la propia red social. Recientemente, se ha dado el paradójico caso de la hermana de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que publicó una imagen familiar navideña confiando en que su perfil era de visionado restringido para sus amigos pero, al etiquetar a una tercera persona, los amigos de esta accedieron a la misma e incluso se dio el caso de una persona que la descargó y publicó en otra red social. A pesar de que la responsabilidad en este caso recae sobre la persona que descargó y publicó la foto sin consentimiento, este ejemplo debe servir para concienciarnos acerca de la importancia de revisar y ajustar nuestras condiciones de publicación de contenidos.

¿Puede una red social decirle a mis contactos que me gusta determinado producto o marca utilizando mi fotografía? ¿Cuál sería la forma correcta de hacer publicidad a través de las redes sociales?

En principio podría si nosotros hemos dado el consentimiento al aceptar los términos y condiciones del sitio, pero siempre que lo haga cumpliendo con la normativa vigente. Hay que señalar que las principales redes sociales dan la opción a los usuarios de desactivar que se vincule su imagen con los anuncios publicitarios.

Conforme a la normativa europea, toda comunicación comercial por medios electrónicos ha de ser consentida por el usuario. Además, debe identificarse el mensaje que la contenga de manera que se observe claramente que se trata de publicidad, indicándolo al inicio del mismo o en el asunto. Por último, quien realiza la comunicación comercial siempre tiene que dar la opción al usuario de no volver a recibir una publicidad similar y siempre se debe identificar al anunciante. En lo relativo a la publicidad que se exhibe en el lateral de nuestro muro, ésta debe siempre ajustarse a la normativa vigente.

El problema aquí radica en que la mayoría de las principales redes sociales tienen sede en Estados Unidos y no siempre cumplen escrupulosamente con la legislación europea.

Y, ¿qué es y por qué es necesario el derecho al olvido? ¿Son suficientes en estos casos los derechos ARCO de la LOPD?

El derecho al olvido está directamente relacionado con el derecho a la intimidad y protección de datos de las personas físicas y se refiere a la capacidad de estas a la hora de disponer de la información que se publica acerca de ellas mismas cuando no se trata de un hecho público o ya ha cesado la finalidad que propició su publicación.

Cuando se habla de derecho al olvido nos solemos referir a ciertos sucesos de la vida privada de las personas que en un momento pasado fueron públicos (noticia en prensa, publicación en un boletín oficial, etc.) y que, al no disponerse en su momento de los medios técnicos actuales, quedaron en una especie de "limbo" no siendo accesibles para la mayoría pero que, con la digitalización y la proliferación de los motores de búsqueda de contenidos vuelven a estar accesibles para toda la opinión pública con el simple hecho de consultar el nombre del afectado en un buscador de Internet.

Los derechos ARCO que la LOPD pone a disposición de los afectados deberían ser suficientes si no fuera por el hecho de que en la mayoría de los casos los propietarios de las páginas web que alojan el contenido son difícilmente identificables o bien no se prestan a colaborar. Y, por otro lado, está el debate acerca de si los buscadores de Internet que son quienes permiten el acceso sencillo a esta información, tienen alguna responsabilidad. La nueva regulación europea va en la línea de trasladar al titular del sitio web la responsabilidad sobre la eliminación del contenido, una vez lo solicite el afectado.

En el caso que mantienen contra Google, una de las cuestiones que se debatía era a qué legislación estaba sometida Google, si a la americana o a la española, ¿sería necesaria una legislación coordinada para estos casos o una legislación común? ¿Cómo pueden solucionarse estos debates que se pueden dar con otros servicios como la mensajería o las redes sociales?

Por la diferencia existente entre el ordenamiento jurídico americano y el europeo se antoja muy complicado que se llegue a desarrollar algún tipo de legislación común.

En cualquier caso, lo que es evidente desde el punto de vista jurisdiccional es que, desde el momento en que Google presta servicios a usuarios en España se convierte en responsable del tratamiento de esos datos. El hecho de que Google alegue que está establecido en un país tercero no debe en ningún caso obstaculizar la protección de las personas, y más cuando es evidente que ese establecimiento lo es únicamente desde el punto de vista de la persona jurídica matriz del grupo, al tener en España un establecimiento responsable de las relaciones con los usuarios, además de una filial implicada en la venta de anuncios dirigidos a los habitantes de nuestro país. Esto, según interpretación del Grupo de Trabajo del Art. 29, son hechos más que suficientes para que se someta a la normativa española.

En cualquier caso, estas cuestiones han sido objeto de la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y están cerca de resolverse ya que la vista oral de dicha cuestión está señalada para el próximo 26 de febrero en Luxemburgo.

No obstante, no debemos olvidar que es el propio Google quien se obliga voluntariamente a cumplir con la normativa europea de protección de datos desde el momento que se adhiere al Safe Harbor List, del gobierno americano. Esta iniciativa de coordinación entre el Departamento de Comercio americano y la Comisión Europea, crea un marco de apoyo para las organizaciones con el objetivo de ayudarles a proveer de una adecuada protección a los datos personales europeos tal y como es requerido por la Directiva de Protección de datos de la Unión Europea.

¿Puede generalizarse y aplicarse a otros casos similares el caso procedimiento que defendieron contra Google?

Cada caso es diferente en función de los factores que propiciaron su publicación, la legitimación del sitio web que publica el contenido o los datos publicados.

En todos estos casos lo primero que debe hacer una persona que considere que se ha vulnerado su derecho es ponerse en contacto con el administrador de la página web para solicitar la retirada del contenido. Si este no atiende la solicitud es posible que, al menos, acepte incorporar el estándar de exclusión de robots de buscadores (robots.txt) para que la información no se indexe en los resultados de búsqueda de los mismos.

Si consideramos que nuestra reclamación no ha sido atendida conforme a los derechos que nos atribuye la normativa, podemos poner el hecho en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, mediante el procedimiento de tutela de derechos de los afectados.

Por último, podemos dirigir una solicitud ante el buscador de Internet, aunque estas solicitudes no suelen ser atendidas por el momento.

¿Qué ha pasado para que últimamente haya tantos anuncios de casas de apuestas de todo tipo a través de Internet? ¿Qué precauciones deben tener los usuarios que quieran probar suerte?

El mercado del juego online es uno de los que más dinero mueven en la actualidad habiendo proliferado, por ello, numerosas empresas que ofrecen este tipo de servicios. El póquer, juegos de casino y las apuestas deportivas son quizá las puntas de lanza del sector, pero la diversidad de juegos que permiten apuesta por medios electrónicos es muy amplia.

La regulación en España del juego online ha llegado cuando el mercado ya estaba lo suficientemente desarrollado como para poder controlar todo el caudal publicitario que existe en Internet, si bien, ha servido para estructurar y dimensionar la oferta de juego legal que se ofrece en España.

La precaución principal que deben tener los usuarios que quieran abrir una cuenta en una web de juego online es confirmar que la empresa titular del sitio web ha regularizado su situación y homologado sus procesos ante el regulador español, estando en posesión de licencia en España. Esto se puede comprobar buscado el icono de ?Juego Seguro? que otorga la Dirección General de Ordenación del Juego a los operadores con licencia, o bien consultando el listado que es accesible desde la web de dicho organismo.